PP y PSOE acuerdan renovación del poder judicial tras la mediación europea
Ruxelas acordó a principios de este año supervisar la renovación de los órganos del poder judicial en España, lo que requiere un acuerdo que el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) no habían logrado alcanzar en cinco años, lo que provocó advertencias de la Comisión sobre el estado de los asuntos de Derecho en el país.
Tras meses de mediación europea, en la que participaron dos comisarios, el líder del PP Gonzalo Esteban Pons y el líder del PSOE y ministro de Justicia, Félix Bolaños, han firmado hoy públicamente un acuerdo en Bruselas.
El acuerdo, según ambas partes, prevé 20 nombres para renovar a los actuales miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos mandatos están expirados desde hace años. Los nuevos nombres deberán ahora ser respaldados por el parlamento.
Los dos partidos acordaron también avanzar en una propuesta de ley conjunta para introducir algunos cambios en el funcionamiento del CGPJ, así como en el nombramiento y elección de sus miembros, el presidente del Tribunal Supremo y otros cargos judiciales.
Entre estos cambios se encuentran la obligación de mayorías más cualificadas para casi todas las decisiones del Consejo, el fin de las «puertas giratorias» entre la carrera judicial y los cargos políticos o la elección del presidente del Tribunal Supremo por el CGPJ (y no por el Rey, a propuesta del Gobierno, como ocurre actualmente).
El objetivo de los cambios es aumentar la independencia de la Justicia en relación con el poder político y cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea, destacaron hoy Gonzalo Esteban Pons y Félix Bolaños, en Bruselas.
«Ningún gobierno ni ningún partido político podrá influir en las decisiones del poder judicial en el futuro», afirmó Pons.
Bolaños consideró que este martes es «un gran día para la democracia y el Estado de derecho» en España, donde las tres potencias recuperan la «normalidad institucional» con este acuerdo.
La vicepresidenta de la CE y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, presente en la firma del acuerdo en Bruselas, acogió con satisfacción el resultado de la mediación europea.
En sus informes sobre el Estado de Derecho en España, Bruselas ha pedido reiteradamente la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial español y el cambio en su forma de nombrarlos, para aumentar la independencia y autonomía en relación con el poder político y asumir en cuenta las «normas» europeas».
Tras años de negociaciones entre PSOE y PP, España pidió mediación a Bruselas, respondiendo a una demanda popular.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en diciembre, tras una reunión con el líder del PSOE y primer ministro, Pedro Sánchez, que la gente tenía «total desconfianza» en el Gobierno, que en los últimos cinco años hizo acuerdos con los independentistas, incluida una amnistía negociada con los condenados por los tribunales que se beneficiarán de la ley, poniendo en duda, en su opinión, el Estado de derecho y la legitimidad del poder judicial.
La líder del PP también destacó el nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional que habían ocupado recientemente cargos en la ejecutiva de Sánchez o el nombramiento como Fiscal General del Estado de una exministra de Justicia pocos meses después de que ella dejara el Gobierno.
Feijóo sostuvo que la supervisión de Bruselas era la forma de asegurar «todas las garantías de independencia» en este proceso y del propio CGPJ.
El PSOE, a través de la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijo en su momento que el ejecutivo y el partido consideraban bienvenidas todas las fórmulas para «restablecer la normalidad constitucional» en España, atribuyendo la responsabilidad del bloqueo al PP y del «fracaso» para cumplir con la Constitución».
